Un hecho inesperado -las lesiones sufridas por una de las juezas como consecuencia de una caída- postergó el desenlace del juicio oral y público contra el primer ex funcionario alperovichista imputado por presuntos hechos de corrupción. Pero hoy, salvo un nuevo imprevisto, finalmente el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, podrá escuchar el veredicto de la Sala VI de la Cámara Penal.
De esta forma, tres posibles caminos se abren en el futuro inmediato del ingeniero, que está acusado de los supuestos delitos de fraude al Estado provincial, negocios incompatibles con el cargo que ocupaba y abuso de autoridad. La mejor noticia para Brito sería la absolución de culpa y cargo, como plantearon los defensores Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig (el abogado Francisco García Posse también representa a Brito, pero no participó de los alegatos). La peor, que se imponga la postura del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, quien pidió una condena efectiva de seis años de cárcel -con prisión preventiva inmediata- e inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. La tercera posibilidad surge como un punto intermedio entre las dos anteriores: que el tribunal considere probada la comisión de delitos a través de los contratos sin licitación de la ley 7.960, pero dicte una pena condicional o entienda que los hechos investigados encuadran en una figura penal que haya prescrito por el paso del tiempo en la causa.
Más allá de ese abanico, la última palabra la tienen las juezas: Alicia Freidenberg (presidenta), Stella Maris Arce y María Elisa Molina (integra el estrado en reemplazo de Marta Cavallotti, que no participó del trámite debido a una licencia por enfermedad).
Buena parte de los planteos efectuados por las partes durante el juicio -sobre todo por la Fiscalía de Cámara- encontraron decisiones divididas entre las magistradas. Así, no sería extraño que la sentencia sea con votos en disidencia. Una opinión discordante, si bien no alcanza para inclinar la balanza, puede servir como puntapié tanto para la acusación o como para la defensa en caso de que resuelvan una eventual apelación del veredicto.
Cuestión de salud
Brito iba a escuchar el fallo el 18 de junio, pero el tribunal la postergó hasta hoy por los fuertes golpes que sufrió la jueza Freidenberg días antes cuando hacía unos trámites personales. Si la salud de la magistrada le permite soportar la deliberación con sus pares -no hay un tiempo prestablecido-, entonces sí será el punto final del juicio.
La cita es a las 9. Como todos los acusados que llegan a esta instancia, Brito tendrá la posibilidad de expresar sus palabras finales ante el tribunal. El ingeniero deslizó en la última audiencia que quizás desista de ese derecho, puesto que ya prestó declaración cuatro veces a lo largo del juicio para dar su versión de los hechos o para refutar dichos de testigos del caso.
El imputado, de 60 años, se desempeña en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desde los 80, y aún continúa en ese cargo. En los 90 se sumó a las filas del bussismo, y llegó a ser concejal y legislador por Fuerza Republicana. En 2007 se incorporó al equipo del entonces gobernador, José Alperovich, y asumió las riendas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Tuvo que renunciar en agosto de 2012, a pedido del hoy senador, luego de una publicación de LA GACETA referida a observaciones del Tribunal de Cuentas (TC). Poco después fue denunciado por los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora de Cambiemos) y Ariel García (legislador de la UCR). La causa penal pasó por tres fiscales de Instrucción y tardó seis años en llegar al salón de audiencias de los tribunales penales. Hoy, por fin, Brito tendrá un veredicto.